La mejor IA médica para médicos en 2026: guía y alternativas a OpenEvidence en España y Latinoamérica

En 2026 cambiaron a la vez las herramientas y las reglas. A finales de abril, OpenEvidence cerró el acceso a médicos y profesionales sanitarios de toda la Unión Europea, España incluida ^[1]. En España, el Consejo Interterritorial aprobó en noviembre de 2025 la Estrategia de Inteligencia Artificial del Sistema Nacional de Salud, y el Ministerio de Sanidad ha publicado unas Orientaciones para profesionales sanitarios en el uso de la IA que fijan qué está permitido en la consulta ^[6][7]. La Organización Médica Colegial presentó el 3 de junio de 2026 su primer Manual de Buenas Prácticas para la IA en Medicina ^[8]. En México, la Secretaría de Salud publicó en 2026 un lineamiento sobre sistemas de soporte para la decisión clínica basados en IA ^[17].

La IA, mientras tanto, ya está en la práctica. En una encuesta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària publicada en *The Lancet Primary Care*, el 80,2 % de los 373 profesionales de atención primaria había usado ChatGPT en los tres meses previos, sobre todo para buscar y sintetizar literatura (67 %); el 79 % no había recibido formación institucional en IA en el último año ^[4]. Un estudio nacional de la SEMG con 652 profesionales de atención primaria encontró que el 82,4 % no tenía formación específica en IA y que el 83,2 % no disponía de herramientas de IA en su centro ^[5]. El uso pasa, por tanto, por plataformas generalistas, justo las que el Ministerio de Sanidad desaconseja para decisiones clínicas críticas ^[6].

La pregunta ya no es si usar la IA, sino qué herramienta usar, en qué idioma, si está disponible en su país y cómo hacerlo respetando la ley de protección de datos que le corresponde.

A finales de abril de 2026, OpenEvidence sustituyó su aplicación y su web, para los usuarios de la Unión Europea y el Reino Unido, por un aviso que citaba la creciente incertidumbre regulatoria sobre los sistemas de IA, incluido el Reglamento Europeo de IA ^[1]. Ninguna norma europea prohibió OpenEvidence: fue una decisión de la empresa. Sus términos de uso, actualizados el 17 de septiembre de 2026, excluyen la UE, el Reino Unido, el Espacio Económico Europeo y los países sujetos a embargo de EE. UU. ^[2]. Usar una VPN no otorga ningún derecho de uso y no resuelve el problema de fondo.

En Latinoamérica la situación es distinta. México, Colombia, Perú, Argentina o Chile no figuran en esa lista de exclusión, pero eso no equivale a «disponible»: el registro del producto estándar pide el NPI (el identificador que el Gobierno de EE. UU. asigna a cada profesional sanitario) u otro número de licencia profesional aplicable, que OpenEvidence puede verificar y rechazar ^[2][3]. Desde el 22 de septiembre de 2026, OpenEvidence y Anthropic despliegan además una versión especializada y gratuita para profesionales sanitarios de unos 100 países de ingresos bajos y medianos; entre los ejemplos citados por Reuters (Uganda, Angola, Sudán, Haití y Mongolia), Haití es el único de la región, así que conviene comprobar con OpenEvidence si su país está incluido ^[29]. España, como país de la UE, sigue excluida ^[2]. En EE. UU., el servicio es gratuito para profesionales verificados y se financia con publicidad, en parte de compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos ^[3].

El Código de Deontología Médica de 2022 dedica por primera vez un capítulo a la inteligencia artificial: el artículo 85 pide un control ético de la IA basado en la transparencia, la reversibilidad y la trazabilidad, y el artículo 82.3 compromete al médico con la confidencialidad y el control de los datos del paciente ^[9]. Las Orientaciones del Ministerio añaden que los modelos generalistas como ChatGPT, Gemini o Claude no se recomiendan para decisiones clínicas críticas ni para sustituir el juicio profesional, aunque sí pueden ayudar a buscar información, resumir artículos o preparar borradores ^[6].

En cuanto a la ley, España tiene desde 2023 una Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, cuyo Estatuto aprobó el Real Decreto 729/2023 ^[12]. El Gobierno presentó el 28 de mayo de 2026 el proyecto de ley que debía fijar las autoridades de vigilancia y el régimen sancionador del Reglamento Europeo de IA en España, pero no llegó a aprobarse: caducó al disolverse las Cortes por el Real Decreto 806/2026, con elecciones convocadas para el 29 de noviembre ^[10][11]. El Reglamento europeo, en cambio, sigue en vigor, y el Digital Omnibus ha aplazado las obligaciones de los sistemas de alto riesgo al 2 de diciembre de 2027 y, para la IA integrada en productos sanitarios, al 2 de agosto de 2028 ^[15].

México. La Dirección General de Modernización del Sector Salud publicó en 2026 un lineamiento sobre sistemas de soporte para la decisión clínica y otras tecnologías de IA en el Sistema Nacional de Salud. Su principio rector es el «humano al mando»: la supervisión, la interpretación y la responsabilidad final de las decisiones clínicas corresponden al profesional, y las salidas de la IA tienen «carácter auxiliar y no vinculante». El paciente conserva el derecho a conocer el papel de la IA en su atención y a otorgar su consentimiento informado, y el texto se declara de observancia obligatoria para las instituciones públicas, sociales y privadas del sistema que usen apoyo algorítmico en procesos clínicos ^[17].

El mismo lineamiento vincula sus niveles de riesgo con las clases de dispositivo médico de la COFEPRIS (I, II y III): cuando un sistema de IA constituye software como dispositivo médico, necesita registro sanitario, y el reconocimiento de evaluaciones de la FDA, la EMA o la MHRA solo abrevia ese trámite, no lo sustituye. Para los modelos de propósito general usados en contextos clínicos exige verificación humana obligatoria de toda salida con efecto clínico ^[17].

Perú. El Reglamento de la Ley 31814, aprobado por el Decreto Supremo 115-2025-PCM el 8 de septiembre de 2025, clasifica como de riesgo alto la IA que orienta el tamizaje, la sugerencia de diagnóstico, el manejo o el pronóstico, y exige que el personal pueda detener, corregir o invalidar sus decisiones ^[22].

Colombia, Argentina y Chile. Para el médico, la referencia práctica es la ley de protección de datos de cada país, que trata la información de salud como dato sensible ^[19][20][21]; Colombia y Argentina limitan además su envío a países sin un nivel adecuado de protección ^[19][20]. La tabla de la sección siguiente resume las normas.

Para un médico que usa una herramienta ya hecha, la consecuencia práctica es la misma en los seis países: si la herramienta guarda los datos fuera de su país, introducir datos identificables de un paciente supone una transferencia internacional que debe tener una base legal. En España, además, el Ministerio de Sanidad considera una infracción grave introducir datos de pacientes en una IA no autorizada para uso sanitario ^[6].

En la práctica, los tres tipos se complementan. Las alertas por reglas siguen siendo la referencia al prescribir, las referencias clínicas responden a las preguntas estándar, y una IA de razonamiento clínico como EvidenceMD ayuda cuando el caso no encaja en el esquema: varias enfermedades a la vez, evidencias contradictorias o cuadros atípicos. Al mostrar el razonamiento y las fuentes, responde a lo que piden el Código de Deontología (transparencia y trazabilidad) y el lineamiento mexicano (decisiones que puedan reconstruirse y auditarse), y deja la decisión al médico ^[9][17].

¿OpenEvidence o UpToDate? ¿AMBOSS o UpToDate? Son herramientas de naturaleza distinta. UpToDate es una referencia editorial de pago, redactada y revisada por autores expertos, cuya IA responde a partir de sus propios temas ^[23]. AMBOSS incluye su modo de IA en la suscripción y lo presenta como ayuda a la investigación médica, no para uso diagnóstico ni terapéutico ^[25]. OpenEvidence busca en la literatura y cita las fuentes, pero no está disponible en España, y en Latinoamérica su producto estándar pide un NPI, salvo en los países incluidos en su versión para economías de ingresos bajos y medianos ^[1][2][29].

En la consulta, muchos clínicos combinan herramientas: una referencia para las consultas rápidas, las guías nacionales para el contexto local (en España, GuíaSalud, que las Orientaciones del Ministerio de Sanidad citan como referencia) y una IA de razonamiento para los casos que exigen sopesar evidencias contradictorias ^[6]. El criterio común lo marcan las normas: el médico debe poder verificar la base de la respuesta antes de decidir.

EvidenceMD es una IA de razonamiento clínico, no un simple buscador de evidencias. Antes de responder busca en más de 40 millones de artículos científicos y guías clínicas y después muestra todo su razonamiento, hasta 64 000 tokens en el modelo Deep, con una cita para cada afirmación ^[28]. Ante un caso clínico devuelve un diagnóstico diferencial ordenado y un plan basado en la evidencia, y adapta las recomendaciones al país del usuario. Responde en 30 idiomas, español incluido, y sirve a médicos, enfermeros, farmacéuticos e investigadores; también crea presentaciones clínicas basadas en la evidencia para sesiones clínicas, clubes de revistas y congresos. Es gratis para empezar en cualquier país, sin NPI ni verificación de la licencia. Su resultado publicado en HealthBench Hard es del 54,6 %, declarado por la propia empresa ^[28].

También hay que decir sus límites. La interfaz de la aplicación está en inglés: lo que está en español son las respuestas. Los datos se alojan en Estados Unidos (Azure East US 2), por lo que su uso supone una transferencia internacional de datos: fuera de la UE según el capítulo V del RGPD, y al extranjero según la LFPDPPP en México, la Ley 1581 en Colombia o la Ley 25.326 en Argentina ^{[13][18][19][20]}. Por eso, describa los casos sin datos identificativos. Las Orientaciones del Ministerio de Sanidad recomiendan priorizar, para el uso asistencial, sistemas con marcado CE y validación clínica ^[6]: EvidenceMD no tiene marcado CE ni está registrado como producto sanitario en ningún país, tampoco ante la COFEPRIS. Es un apoyo a la búsqueda y al razonamiento clínico, no un sistema que diagnostica al paciente. La decisión es suya, como establecen el Ministerio de Sanidad y el lineamiento mexicano ^[6][17].